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Multas, indemnizar

Le acompañaremos en la ejecución de la aplicación de su Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control y de su Derecho a la tutela judicial efectiva contra una autoridad de control.

Cuando nos lo solicite le defendernos ante interesados que ejercen sus derechos a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa vigente.

Igualmente le defendernos frente a interesados que ejerzan el Derecho a la tutela judicial efectiva contra la entidad o su encargado del tratamiento.

También defendernos los derechos de la entidad frente a interesados que reclamen el Derecho a indemnización y responsabilidad, ya que toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de una infracción de la legislación vigente tendrá derecho a recibir de la entidad una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

En cualquier caso, si ha pagado una indemnización total por el perjuicio ocasionado, reclamaremos a otros responsables o encargados del tratamiento que hayan participado en esa misma operación de tratamiento la parte de la indemnización correspondiente a su parte de responsabilidad por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el incumplimiento de las obligaciones vigentes.

Como conoce, cada autoridad de control garantiza que la imposición de las multas administrativas con arreglo a la legislación vigente, por infracciones de obligaciones, será en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Las multas administrativas las impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en la legislación vigente.

Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta entre otras:

1.    La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate, así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;

2.    La intencionalidad o negligencia en la infracción;

3.    Cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;

4.    Toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;

5.    El grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;

6.    Las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;

7.    La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida y el cumplimiento de dichas medidas;

8.    Cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.

Las infracciones LEVES se sancionarán, con multas administrativas de 10.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:

Las infracciones GRAVES se sancionarán, con multas administrativas de 20.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:

El incumplimiento de las resoluciones de la autoridad de control, se sancionará de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo con multas administrativas de 20.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía.

Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no establezca multas administrativas, se podrá aplicar que la incoación de la multa corresponda a la autoridad de control competente y su imposición a los tribunales nacionales competentes, garantizando al mismo tiempo que estas vías de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente a las multas administrativas impuestas por las autoridades de control.

 

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